En agosto, el régimen intensificó los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, que impactaron a 70 víctimas, de acuerdo al informe correspondiente a ese período de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP).

La organización, asentada en Miami, recolectó en total 138 violaciones a los derechos humanos que afectaron a 89 hombres y 24 mujeres.

“Agosto mostró con claridad cómo el régimen cubano utiliza las cárceles como centros de castigo político”, indicó a Martí Noticias, el director del Centro de Denuncias de la FPD, Juan Carlos Vargas.

El mayor número de transgresiones contra las libertades ocurrieron en La Habana, Matanzas y Camagüey, según el Centro de Denuncias de la FDP.

“Más allá de las cifras que documentamos en nuestro informe, lo que preocupa es el patrón de violencia: presos políticos enfermos sometidos a aislamiento, mujeres devueltas a prisión sin recuperarse de operaciones, y activistas desaparecidos para luego ser procesados con cargos inventados”, detalló Vargas.

El reporte destaca que, en agosto, las autoridades recrudecieron la represión contra los presos políticos, aplicando malos tratos, e incluso tortura, de manera sistemática.

La Fundación para la Democracia Panamericana destacó en su compilación que los funcionarios penitenciarios estimulan el deterioro de la salud de los presos políticos José Daniel Ferrer, a quien a menudo suspenden las visitas familiares que lo proveen de alimentos, y a Félix Navarro, a quien no le proporcionan la atención médica adecuada a sus padecimientos crónicos.

Igualmente, subraya que la presa política Sissi Abascal fue regresada al centro penitenciario, donde cumple su sentencia, sin que se cumpliera el tiempo requerido para su recuperación tras una cirugía en un hospital matancero.

También denuncia que el activista Mario Alberto Hernández Leyva está sujeto a una nueva causa penal por lo que consideran como “cargos fabricados”.

“Estos hechos constituyen violaciones graves de derechos humanos y reflejan el uso sistemático del encarcelamiento, la tortura y el maltrato como herramientas de terrorismo de Estado contra quienes ejercen su derecho a la disidencia pacífica”, concluye el informe.

“Desde el Centro de Denuncias FDP insistimos en que la comunidad internacional no puede normalizar que la tortura y el maltrato se utilicen como política de Estado en Cuba. Documentar, denunciar y acompañar a las víctimas sigue siendo nuestra tarea urgente”, recalcó Vargas.

A continuación, reproducimos un editorial que refleja la opinión del Gobierno de Estados Unidos, y que fue publicado originalmente con el título Houthis Must Pay the Consequences for their Actions

Durante el último mes, los hutíes, con el respaldo de Irán, han seguido demostrando la amenaza que representan para los derechos de navegación marítima, la estabilidad en la región y el bienestar del pueblo yemení, declaró John Kelley, Representante Interino de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

El 31 de agosto, los hutíes detuvieron ilegalmente a, al menos, 21 funcionarios de la ONU en sus oficinas y domicilios. “Estados Unidos condena enérgicamente estas detenciones injustas”, declaró el Sr. Kelley.

“Estados Unidos también exige la liberación inmediata e incondicional de este personal de la ONU, al igual que la liberación del personal de las organizaciones humanitarias, la ONU y las misiones diplomáticas, que ha sido detenido injustamente en 2021, 2023 y 2024, así como de la tripulación del MC Eternity C”.

Además, los hutíes detienen a sus compatriotas yemeníes, acosan y maltratan a los miembros de la sociedad civil que se les oponen, y restringen severamente el espacio operativo para las actividades humanitarias.

Durante el último mes, los hutíes han intensificado sus amenazas a la estabilidad regional y a los derechos y libertades de navegación en el Mar Rojo, señaló el Sr. Kelley.

Continúan lanzando ataques contra civiles e infraestructuras civiles en Israel, ampliando su arsenal para incluir bombas de racimo. Han ampliado el alcance de sus ataques territoriales, incluyendo el lanzamiento de un misil contra un buque israelí en el norte del Mar Rojo.

Estados Unidos condena los ataques hutíes contra Israel. Apoyamos a Israel y su derecho a la legítima defensa contra grupos terroristas respaldados por Irán, como los hutíes.

Ahora está claro que los hutíes también son narcotraficantes. Las fuerzas antiterroristas del gobierno yemení incautaron recientemente 600 kilogramos de cocaína destinados a los hutíes. Esto se suma a varias incautaciones importantes de Captagon desde junio, todas destinadas a financiar las actividades terroristas hutíes.

“Hay que privar a los hutíes de recursos para sus actividades terroristas”, declaró el Sr. Kelley.

Con ese fin, Estados Unidos continúa presionando para interrumpir el acceso a financiación y armas para los rebeldes hutíes. El 11 de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió sanciones adicionales contra quienes facilitan las operaciones hutíes, convirtiéndose en la mayor sanción del Tesoro hasta la fecha contra esta milicia. La red atacada incluía a personas y entidades que forman parte de las operaciones globales ilícitas de recaudación de fondos, contrabando y adquisición de armas de este grupo.

Estados Unidos insta a los miembros del Consejo de Seguridad a que exploren la posibilidad de aplicar sus propias designaciones terroristas y a financiar la Misión de Verificación e Inspección de la ONU, una herramienta fundamental para el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Irán continúa desafiando las resoluciones del Consejo de Seguridad al proporcionar a los hutíes apoyo militar, logístico y de inteligencia.

"Este Consejo debería imponer sanciones utilizando las herramientas a su disposición", instó el Sr. Kelley.